No levantaban sospechas desde el punto de vista legal, aunque contaban con algunas contradicciones de forma. Los piratas del carbono, denominados así por ejecutar el fraude del IVA en el mercado del dióxido de carbono (CO2), también han saqueado en España.
Así lo puso de relieve una operación policial llevada a cabo el pasado miércoles, que acabó con la detención de seis personas después de investigar a veinte sociedades.
Esta estafa, que se detectó en otros países europeos a mediados del año pasado, era sencilla. Una sociedad compraba derechos de emisión en cualquier Estado miembro de la UE e introducía los títulos en España sin pagar el IVA. Después, vendía estos títulos a una instalación industrial que necesitaba cubrir sus cuotas y le cobraba el impuesto.
Finalmente, esta sociedad infractora echaba el cierre poco antes del pago trimestral del IVA y los administradores desaparecían con los maletines llenos.
El Ministerio de Medio Ambiente impulsó un cambio legal en octubre para frenar el desfalco
El fraude puede haber alcanzado los 50 millones de euros del pago del IVA en España, lo que habría implicado unas transacciones de 312,5 millones de euros y un volumen de 24,8 millones de toneladas de derechos de carbono.
La existencia de estos piratas en aguas europeas alarmó a la Hacienda española y provocó una oleada de desconfianza e inseguridad entre los operadores de la bolsa. Para atajar el problema, el Ministerio de Medio Ambiente impulsó un cambio legal en octubre de 2009, para que el IVA del CO2 lo declarase el comprador y evitar así el fraude. Además de provocar este cambio, los estafadores pusieron en entredicho algunos mecanismos de esta bolsa. Los agentes españoles se han visto perjudicados por la codicia de estos defraudadores y lamentan la imagen que se ha creado de este mercado.
Estos piratas del carbono tenían un diario de a bordo sencillo. En primer lugar, abrían una compañía cuyo objeto social era amplio y no necesariamente relacionado con el medio ambiente. La construcción o el sector inmobiliario sirven como ejemplos. Para este proceso, necesitaban algo más de 3.000 euros y un ordenador para efectuar los trámites en el Registro Mercantil, las altas fiscales y diversas gestiones, que pueden llevar alrededor de un mes. Éste era el proceso más costoso, complicado y dilatado en el tiempo.
Una vez creada la sociedad, acudían, probablemente, al registro de derechos de emisión danés. Este sistema asegura la actualización de la propiedad de los derechos de emisión, permite comerciar con ellos en toda Europa y funciona como una cuenta corriente.
El acceso al registro es fácil, a través de la página web de la Agencia de la Energía danesa y el coste reducido: unos 80 euros por participar y 80 euros anuales por el mantenimiento. La versión española de este registro tiene unos parámetros más estrictos y dilatados en el tiempo para permitir su entrada. También requiere más documentación, certificación y mayores costes.
Precisamente, el registro danés ha vivido unas semanas intensas desde que el cerco judicial se ha estrechado alrededor de los piratas. El número de operadores personales o brókeres no industriales apuntados ha caído de 1.200 a 240. De la cifra inicial, sólo 700 llegaron a operar alguna vez. Un 80% de los participantes en el mercado de carbono europeo son financieros y, el resto, instalaciones industriales, para las que fue creado este sistema de reducción de emisiones.
Un 80% de los participantes en el mercado son financieros y el resto, industrias
Una vez que los estafadores tenían acceso a la bolsa, invertían varios miles de euros en comprar derechos en cualquier país europeo que no fuera España y sin pagar ningún impuesto. Es posible que repitieran la operación varias veces hasta adquirir millones de toneladas.
Después, acudían a un comerciante español de derechos y le ofrecían un gran volumen de títulos y a un precio algo inferior al del mercado, para tentar y tratar de cerrar la operación lo más pronto posible. La operación era rentable para los piratas si esta rebaja no estaba por encima del 16% que iban a estafar del IVA.
Involucrados
Al parecer, buscaban a estos agentes especializados para que cerrasen la transacción con una instalación industrial o una plataforma y no verse involucrados directamente. Los brókeres españoles exigen una serie de criterios a los clientes con los que trabajan.
Cada uno tiene un patrón distinto y éste es, precisamente, uno de los puntos conflictivos. Algunos aseguran que es imposible detectar la naturaleza de sus usuarios, mientras que otros han descubierto vendedores sospechosos a los que han negado transacciones.
Los piratas tanteaban a varios agentes con inusitada prisa por vender y a través de Internet o por teléfono, hasta que conseguían cerrar la operación cobrando el IVA del 16%. Antes de que pasaran los tres meses de pago del impuesto, retiraban el dinero, cerraban la cuenta en el registro de emisiones y traspasaban o disolvían la sociedad.
Los seis detenidos en España, que presuntamente han participado en este tipo de fraude, pasarán hoy a disposición judicial. La operación policial se ha llevado a cabo tan sólo unos días antes de que las compañías presenten ante la Administración el inventario de operaciones que han ejecutado en la bolsa.
El endeble registro de emisiones danés
La facilidad para acceder al registro nacional de derechos de Dinamarca, el país que acogió la última cumbre del clima, ha sido una de las puertas de entrada a los piratas del carbono. Con 160 euros, una serie de datos de identidad básicos y una conexión a Internet son suficientes para formar parte de esta bolsa. La plataforma funciona como una cuenta corriente y permite acceder a la bolsa con facilidad. El sistema se ha visto afectado por el fraude, ya que el número de operadores no industriales apuntados ha caído de 1.200 a 240. De esta cifra inicial, sólo 700 operaron alguna vez.
Guante blanco
- Fundaban una compañía con un objeto social ajeno al medio ambiente o el comercio de derechos.
- Para operar en la bolsa, se inscribían en un registro de emisiones europeo, probablemente, el danés.
- Compraban toneladas de emisiones en cualquier país que no fuera España y sin pagar el IVA.
- Contactaban con un agente y colocaban estas toneladas cobrando el IVA.
- Cerraban la sociedad antes de los tres meses de pago del impuesto.
http://www.expansion.com/2010/03/25/empresas/1269555639.html
