"Con la crisis hay más presión para alterar los estados financieros, justificar que la empresa va bien y mantener el puesto de trabajo, pero la oportunidad de cometer un gran fraude es mayor cuando las cosas van bien, porque se relajan los controles", explica el director de KPMG Forensics, Fernando Lacasa.
Este departamento se dedica a la prevención e investigación de fraudes y a prestar asistencia a las empresas como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales.
Esta clase de delitos económicos se comete actualmente de forma generalizada en todo tipo de compañías y de sectores económicos, ya que, según Lacasa, "incluso las pequeñas empresas disponen de estructura para ocultar el dinero".
De acuerdo con los datos de los que disponen los especialistas de la consultora, en casi la mitad de los casos, el fraude se comete por falta de controles internos en la empresa.
En el 55% de las apropiaciones indebidas descubiertas, no existía ninguna sospecha previa, y en el 21% había indicios de delito, pero la empresa no había tomado cartas en el asunto.
Estos casos suelen detectarse por denuncias anónimas y revisiones de la dirección; sólo en una mínima parte -aproximadamente el 10%- son descubiertos por los controles internos en la empresa o las sospechas de un superior -9% de los casos-.
El perfil del directivo defraudador en España es el de un trabajador que lleva más de dos años en la empresa, habitualmente en los departamentos de finanzas y ventas, y que suele actuar en solitario y repetidas veces, durante varios años, apropiándose indebidamente de cantidades que no suelen sobrepasar los 10 millones de euros.
Cuanto más tiempo lleve ese directivo en la empresa, es más probable que cometa fraude, porque conoce los entresijos del funcionamiento de la empresa y ha aprendido a burlar los controles internos.
"Son casos difíciles de identificar, porque se trata de trabajadores a los que se les confía mucha responsabilidad", señala el director de KPMG Forensics.
La detección de los fraudes de directivos, ya de por sí ardua, se complica aun más cuando el caso llega a los juzgados ordinarios, que carecen de los medios y la capacidad necesaria para gestionar grandes casos de estafa.
"Algunos acusados se defienden inundando el juzgado de documentación, para perder al juez y dilatar los procesos durante años, hasta que prescribe el delito", indica Lacasa.
Los directivos saben que el funcionamiento de los tribunales y los problemas de acumulación de tareas que sufren juegan a su favor, y actúan sabiendo que la estructura actual de la justicia hace que sea casi imposible recuperar todos activos sustraídos, lo que les motiva para cometer estos delitos.
Si los activos se han mantenido dentro de la zona euro, hay más posibilidades de que puedan ser recuperados, pero en cualquier caso, las comisiones rogatorias -comunicación entre tribunales de distintos países para la práctica de diligencias judiciales- son procesos de gran lentitud.
"Cuando la transferencia sale de la Unión Europea, el dinero ya ha dado la vuelta al mundo varias veces hasta que se encuentra el primer destino al que se desviaron los fondos", subraya Lacasa.
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