La próxima Reforma del Código Penal va a introducir dos nuevas figuras decisivas para proteger a las empresas de los robos que cometen sus directivos sobre los activos de la compañía y definir la responsabilidad de la sociedad cuando no ha adoptado las medidas pertinentes para evitarlo. Se trata de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del soborno y la corrupción en las empresas privadas, dos grandes novedades.
Junto a estas medidas, en el Parlamento se prepara también la transposición de dos directivas comunitarias (sobre auditoría y supervisión) que introducen cambios sustanciales sobre la responsabilidad de la compañía por desmanes de directivos y empleados.
Javier López, director del área de Forensic Services (servicio de investigación de fraudes internos cometidos por directivos) de PricewaterhouseCoorpers (PwC) estima que "con estas medidas se va a incrementar la responsabilidad de los Comités de Auditoría de las sociedades, que ahora tienen una función de control, pero que tras su entrada en vigor serán responsables. Los accionistas minoritarios tendrán contra quien reclamar en caso de que la empresa haya sufrido un deterioro por delitos económicos internos".
Democratización del delito
Antes era más complicado que un directivo organizase un robo y escondiese el dinero, porque tenía que enviarlo a paraísos fiscales e, incluso, manejar documentos físicos, pero con las nuevas tecnologías esas barreras han desaparecido. Ahora, para cometer un delito así sólo es necesario que se cumplan tres condiciones: que se presente la oportunidad, que exista un incentivo y que el directivo tenga la habilidad para saber actuar.
Más dentro que fuera
Aunque no hay estadísticas oficiales, Fernando Lacasa, director de KPMG Forensic, señala que en el 69 por ciento de los casos, el delito lo realiza alguien que pertenece a la empresa frente al 11 por ciento en que es externo. En el 20 por ciento de los casos, por el contrario, existe connivencia entre una persona de la empresa y otra externa.
En los robos perpetrados por la alta dirección no sólo es preciso contabilizar lo que se ha llevado el delincuente, sino los daños que ha causado a la empresa que suelen ser mucho más elevados que el fruto del botín. Por ello no es igual el tipo de fraude que comete un directivo que un simple empleado.
Cuanto más arriba más costoso
Los datos de los informes de KPMG explican que "cuanto más alto es el nivel del directivo, mayor es el daño que puede infligir y que "empiezan con pruebas para ver cómo justificar una cantidad de dinero, luego van tomando confianza y buscan los puntos débiles de los controles de seguridad, y cada vez actúan con mayor impunidad".
El tamaño de la empresa tiene importancia, puesto que cuanto mayor es la organización más robos de directivos se producen.
"Cuanto más tiempo llevan los directivos en la compañía y más han ascendido hacia la cúpula más posibilidades existen de que cometan un fraude", afirma Lacasa. Por ello, destaca la importancia de establecer protocolos de investigación preventivos.
Con tecnologías de firma electrónica o de marcas de agua digitales, que suponen un eficaz sistema para evitar las falsificaciones y el fraude en el sistema de certificación de transacciones, resulta muy difícil que un empleado pueda realizar modificaciones. Son necesarias, por tanto, mayores responsabilidades para perpetrar un gran fraude .
Lacasa estima que un 49 por ciento de los directivos investigados por KPMG se saltaron los controles, porque fueron ellos quienes los establecieron y, además, no se recuperó más allá de un 10 por ciento del dinero.
Sensación de impunidad
Además, existe una cierta sensación de impunidad entre los altos cargos, puesto que a esos niveles la mayoría de las compañías sigue pensando que lo mejor es lavar los trapos sucios en casa o llegar a una solución amistosa y bastante menos ruidosa y publicitada.
Ricardo Noreña, socio responsable de Forensic de Ernst & Young, explica que es muy difícil que se condene a un directivo que ha cometido un delito contra su empresa, porque la mayoría de los jueces no entienden la prueba electrónica y no la aceptan.
En esta misma línea, Juan Jesús Valderas, socio responsable de Forensic en Deloitte considera que "existen soluciones técnicas para descubrir a quienes cometen delitos dentro de la empresa, pero siempre que podamos trabajar con la seguridad de que la prueba digital se va a tener en cuenta. Es necesario un marco legal de referencia para que tanto especialistas como jueces sepamos en los límites en que nos movemos y que unos jueces no admitan cosas que otros no admiten a pesar de la pulcritud con que hayas realizado tu trabajo.
En muchas ocasiones se lleva el ordenador hasta el notario, se copia el disco duro sin encenderlo y se le añade un algoritmo para que no pueda ser modificado y ni aún así el juez confía en la pureza de la prueba.
El que hace un 'cesto' hace ciento
Como respuesta a los robos en la empresa, la reacción suele ser el despido y aunque cada vez se generaliza más, son menos abundantes las denuncias penales y civiles. Éstas se efectúan cuando quienes han participado en el delito son sólo empleados o han actuado desde fuera de la empresa. Mucho más extraño aún es que se comunique a las autoridades supervisoras la existencia del delito.
La falta de denuncia pública provoca situaciones que si no fuera por su gravedad serían divertidas. Por ejemplo, el caso de una empresa que tenía sospechas de que algún directivo estaba robando por lo que contrató a unos auditores forenses. Éstos nada más ver la lista del personal de la empresa supieron dónde estaba el problema, puesto que entre los directivos se encontraba un viejo conocido, que ya había sido descubierto por ellos haciendo lo mismo en una empresa de la competencia.
Según los datos de diversos estudios de KPMG sobre la materia, el 91 por ciento de quienes robaron no lo hicieron sólo una vez, sino que actuaron varias veces y, de éstos un 9 por ciento llegaron a cometer hurtos más de diez veces.
"Un equipo puede investigar durante un año y no detectar el fraude", explica Lacasa, porque la mayoría de los fraudes se detecta hacia los cinco años de comisión, ya que quien lo hace una vez sigue robando.
La cuarta parte de los defraudadores fueron descubiertos por denuncias anónimas, casi tantas como las solucionadas a través de la investigación sobre los directivos. Menos eficaces son los controles externos, las sospechas de un superior, las quejas de los clientes o proveedores, por simple accidente o por negligencia o confesión del ladrón.
Terror al Departamento Financiero
Entre los casos investigados, el 49 por ciento de los fraudes los cometió un miembro de la alta dirección y un 26 por ciento de la directiva de la sociedad. Los miembros de los consejos de administración delinquen en un 11 por ciento de los casos, mientras que los empleados lo protagonizan en el 14 por ciento de las ocasiones.
En los más costosos suele concurrir, al menos en un 78 por ciento de las ocasiones, la presencia de un miembro del Departamento Financiero, del de Operaciones y Ventas o del director general.
Entre las condiciones que permitieron la aparición de los actos fraudulentos la mitad se debió a la debilidad de los controles; el 36 por ciento por el abuso de los mismos y el 15 por ciento por connivencia.
Casi la cuarta parte fue descubierta antes de un año desde el inicio de las actividades delictivas o desde la última vez que delinquió. Otro 67 es detectado entra los dos y los cinco años y sólo el 9 por ciento se mantiene en el anonimato más de cinco años.
Las causas y sus justificaciones
Los especialistas en combatir el fraude apuntan a tres factores que se encuentran cuando se produce un fraude (el denominado triángulo del fraude -ver imagen-). En primer lugar, quien delinque necesita un incentivo o una presión para actuar de forma irregular. En segundo lugar tiene que haber una oportunidad para cometer el fraude. Y en tercer lugar, quien comete el fraude a menudo es capaz de racionalizar o justificar sus acciones.
Según el Estudio Global sobre Delitos Económicos, elaborado por PwC, el 68 por ciento atribuye el incremento de los robos cometidos por altos directivos a las dificultades para lograr los objetivos cuando la mayoría de los ingresos son incentivos y no se ha tenido en cuenta la nueva situación económica creada por la crisis, ya que los objetivos financieros han sido más difíciles de conseguir, lo cual afecta a tanto a los objetivos individuales como a los empresariales.
Miedo a perder el trabajo
La falta de seguridad del puesto de trabajo por el incumplimiento de los objetivos es también uno de los motivos que más justifica los fraudes internos sufridos por las empresas, ya que muchos directivos asustados comienzan a inflar las cuentas o se apropian de activos de la empresa con la justificación de encontrarse en una buena situación económica si son despedidos. Los directivos que se quedan en la empresa después de una medida de ajuste se encuentran muy presionados por la posibilidad de que vuelva a repetirse. La edad que tengan no influye.
En el estudio de PwC, un 37 por ciento de los directivos encuestados reconocen que el riesgo de fraude en sus empresas es más elevada por "el miedo a quedarse sin trabajo".
Las situaciones de compraventa de negocios, reorganizaciones o despidos múltiples constituyen un productivo abono para que prolifere el fraude corporativo, fundamentalmente cuando existen concentraciones o vacíos de poder o agujeros en los controles financieros.
Impacto moral en los empleados
Lo más perjudicial para la entidad es el impacto del robo en la moral de los empleados. Además, la alta dirección de las empresas es la que denuncia menos fraudes de toda la organización, a pesar de que uno de los elementos de disuasión más útiles contra el delito económico es la existencia de una estructura de gobierno corporativo con unos procedimientos de comunicación a través de los cueles los empleados puedan canalizar de forma confidencial sus preocupaciones.
En las conclusiones del Estudio del Fraude Europeo 2009 de Ernst & Young se puede comprobar que existe bastante desconfianza de los empleados sobre la integridad de sus directivos. Un 29 por ciento muestra sus sospechas de que en su empresa existe un fraude interno significativo y que no actúa con la integridad y honestidad exigible.
El informe de PwC muestra que un 43 por ciento sospechaban que los robos habían aumentado, pero el 28 por ciento de las empresas consultadas reconocen no haber realizado ningún tipo de control en los 12 últimos meses y un 63 por ciento no habían cambiado los controles ni las fechas para hacerlos para beneficiarse del factor sorpresa.
Tipos de delitos
Los delitos económicos se pueden cometer de muchas maneras. Las más destacadas son la apropiación indebida de activos; el fraude contable; el soborno y la corrupción; delitos contra la propiedad intelectual; blanqueo de capitales; fraude fiscal; uso indebido de información privilegiada; creación de cárteles para fijar precios; espionaje, etc.
Herramientas de detección
Entre las medidas empleadas para detectar las irregularidades ocupan un lugar destacado la auditoría interna; la gestión del riesgo de fraude; la auditoría externa, informes sobre transacciones sospechosas; seguridad corporativa; rotación de personal; chivatazos internos y externos; sistemas formales de denuncia, y otros con menor eficacia.
El 20 por ciento de los directivos españoles reconoce que le han ofrecido un soborno para conseguir un contrato, lo que redunda en mayores costes para su empresa. No obstante, la mayoría lo justifica cuando se trata de conseguir un nuevo negocio o mantener uno ya en marcha.
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/1791163/12/09/Sepa-como-roban-en-sus-empresas-los-directivos-y-como-estas-se-defienden.html
